La FSA, autoridad británica de servicios financieros, acaba de presentar una serie de propuestas que tienen como objetivo establecer normas más estrictas sobre la concesión de hipotecas.

Según la nueva normativa que deberá ser evaluada, las entidades financieras británicas que concedan créditos deberán verificar los ingresos de las personas que soliciten un préstamo hipotecario.

La normativa no es tan estricta como se puede esperar ya que no llega a prohibir la concesión de hipotecas por el 100% o 125% del capital, haciendo de este modo que el mercado de hipotecas siga siendo vulnerable al cambio en el ciclo.

Se prevé que con la reforma, las entidades que prestan los fondos serán los últimos responsables en evaluar la capacidad de pago del consumidor, lo cual implica que éstos no podrán contar con ayuda pública si incurren en deudas tóxicas y se demuestra que no hicieron las debidas comprobaciones de solvencia.

Según el director ejecutivo de la FSA, Hector Sants: “Buscaremos terminar con estas prácticas irresponsables que arriesgan a las firmas y los consumidores”.

Lo que pretende la normativa es buscar un balance entre la regulación que pone restricciones a la generación de hipotecas con una cierta flexibilidad que permita que el mercado siga siendo dinámico.

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