Venezuela sigue siendo noticia, y de las malas. Son noticias que impactan al empresariado argentino, y en especial a los accionistas del Grupo Techint. Pero las consecuencias de las recientes decisiones de la política estatizadora chavista pueden ir más allá de su impacto en la economía venezolana y afectar de un modo no despreciable a la economía argentina.

El Grupo Techint vuelve a ser víctima de la mano expropiadora de Chávez. Esta vez, el mandatario venezolano tomó la decisión de estatizar a las empresas Tavsa (Tubos de Acero de Venezuela SA), Matesi (Materiales Siderúrgicos), en las que Techint es accionista mayoritario. También estatizó a Comsigua (Complejo Siderúrgico de Guayana). Allí Techint era también accionista aunque con presencia minoritaria.

Ya en el pasado reciente, Techint había experimentado el sabor amargo de perder negocios en Venezuela. Anteriormente Chávez se había quedado con unas áreas petroleras que el grupo explotaba en su país, mientras que el año pasado resolvió expropiarle la siderúrgica Sidor. La indemnización por el 60% de esta firma había terminado de acordarse hace dos semanas por US$ 1.970 millones.

Probablemente, las nuevas estatizaciones no hayan tomado por sorpresa al Grupo empresario argentino. Pero a pesar de poder anticiparlas resultaba una tarea casi imposible el poder liquidar los negocios a un valor que permitiera al menos rescatar en parte la inversión realizada.

Esto es debido a que nadie se animaría a adquirir una firma en Venezuela en estos momentos. Entonces, la estrategia de esperar y ver qué se podía rescatar de lo invertido aparecía como  la acción más lógica.

Desde el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, no se ha demostrado hasta el momento, mayor preocupación por lo que ocurre con las empresas argentinas en Venezuela. Sólo algunas acciones que se pueden entender como un acto de reflejo. Esta actitud le ha comenzado a generar problemas al gobierno argentino, justo en un momento inoportuno ante la cercanía de las elecciones.

Es en este contexto que las decisiones del gobierno venezolano repercuten y generan focos de conflicto en Argentina. Es que desde el empresariado, se le reclama al gobierno argentino que intervenga para defender los derechos de las empresas. La situación le genera al gobierno de Cristina problemas de negociación con el empresariado incluso en cuestiones relativas al contexto local.

Es por eso que desde el gobierno en las últimas horas se había intentado ensayar alguna defensa a su gestión. En este sentido, la viceministra de Trabajo, Noemí Rial decía: “El Estado argentino defendió a empresas de capitales nacionales radicadas en Venezuela (como la nacionalizada Sidor, también del Grupo Techint) y lo va a seguir haciendo”.

También el jefe de gabinete salió a ensayar algunas palabras que demuestren intenciones de intervenir. Massa decía simplemente: “A Techint hay que ayudarla porque es una empresa argentina”. El canciller argentino Taiana dijo que se reuniría con su par venezolano, Nicolás Maduro, y abordará este tema en dicha reunión. Lo cierto del caso es que dicho encuentro se producirá en el marco de la asamblea de la OEA a la que ambos asistirán por lo que de otro modo, dicho encuentro no se hubiera producido.

Pero mientras estos funcionarios intentaban demostrar una actitud conciliadora entendiendo que el conflicto podría tener repercusiones en el frente electoral, la presidente argentina salió a atacar a los directivos de Techint reclamándoles no haber depositado US$ 400 millones que  recibieron por la estatización de Sidor.

Probablemente la presidente no se habrá cuestionado qué responsabilidad tiene su política económica en la decisión de Techint de no repatriar dicho dinero. De hecho, en el 2008, salieron del país US$ 23.100 millones según confirmó el BCRA. Tampoco recordará que cuando su marido era gobernador de la provincia de Santa Cruz, no confiando en la economía argentina, envió US$ 535 millones de dólares de la provincia al exterior.

A la inconsistencia de la política del gobierno argentino, se suma su evidente debilidad en materia de relaciones internacionales. Prueba de ello es el hecho de que hace unos días, Chávez estuvo de visita por Argentina, y el tema de las estatizaciones pasadas y futuras de empresas argentinas en Venezuela, no estuvo en la agenda de discusión.

Es por la incapacidad negociadora del gobierno de Cristina Kirchner que las empresas argentinas en Venezuela se sienten desprotegidas. Su incapacidad se hace más evidente cuando se observa la actitud de Chávez para con Brasil. El mandatario venezolano en su paso por Brasil, le confirmó a Lula que las empresas brasileñas se mantendrán al margen de la ola estatizadora de su gobierno.

Ante este panorama, la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) buscaba la manera de presionar al gobierno para que tome una actitud en defensa de las empresas argentinas, con lo que seguramente se abrirá un foco de conflicto entre el empresariado y el gobierno. 

El posible distanciamiento que se puede producir entre la UIA y el gobierno argentino, puede traer consecuencias similares a las observadas en el conflicto con el campo. La actitud del gobierno argentino frente a los reclamos de los sectores productivos ha sido generalmente redoblar la apuesta y contraatacar. Uno puede aventurar la manera en que lo hará: ¿Reformas en el ámbito laboral con la implantación de la doble indemnización?¿Mayores controles impositivos?¿Restricciones a las exportaciones? Cualquier alternativa es válida para castigar la rebeldía empresaria.

Es difícil imaginar cómo terminará este foco de conflicto que se abre en Argentina entre el gobierno y el empresariado local por la política de Chávez. Si hay algo que está claro es que esto impactará en la economía argentina probablemente a través de menores inversiones ya que los empresarios se mostrarán más inseguros ante una nueva demostración del gobierno argentino de no cuidar al sector empresario.

¿Puede esto acelerar una crisis en la economía argentina? Este conflicto tendrá costos para el gobierno argentino. De ello no quedan dudas. Será responsabilidad del gobierno de saber leer cuidadosamente las señales que surgirán por ejemplo del resultado electoral, de la dinámica de la economía en general y de la inversión privada en particular. Si no comprende lo que está sucediendo, las consecuencias pueden ser irreversibles.