¡Qué difícil es llevar adelante una actividad productiva en la Argentina! Además de un contexto incierto e inestable (principalmente producto de la política económica oficial), de los controles de precios y de la alta tasa de inflación, ahora el gobierno pretende meterse en las empresas. Si bien la estrategia no es la misma utilizada por Chávez, tampoco parece diferenciarse demasiado de ella.

La estatización de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), en Argentina no solamente representó un problema para los aportantes al sistema privado, sino también lo fue para varias empresas privadas de las cuales tenían participación accionaria las desaparecidas entidades de administración.

Pensar que cuando se privatizó el sistema de pensiones y jubilaciones en la Argentina, y se les permitió a las AFJP invertir una porción de los fondos en acciones locales, ello representó una muy buena noticia tanto para el mercado de valores local como para sus empresas cotizantes que se esforzaban por mejorar su calificación para ser objeto de inversión para las mismas.

Ahora estas empresas cuentan dentro de sí con un accionista no deseado y que puede afectar negativamente las perspectivas de las mismas. La estatización del sistema de AFJP cambió la estructura societaria de las compañías de un modo no menor ya que la propiedad accionaria de dichas empresas que estaba en manos de varias AFJP pasó a estar en manos de un solo accionista: el Estado. Un accionista con mayor poder y una visión diferente sobre los negocios.

¿Cuál es el problema que el gobierno ingrese a formar parte de estas empresas privadas? El problema principal es que el Estado no piensa igual que el sector privado por lo que su influencia en la toma de decisiones puede alejar a las firmas de su objetivo de maximización de los beneficios y puede obstaculizar la toma de decisiones estratégicas para el desarrollo futuro de las compañías.

En relación a ello, el gobierno argentino ya ha dado acabadas muestras de su visión cortoplacista, característica que se transforma en una amenaza en caso de que se traduzca en sus intervenciones en estas empresas.

Adicionalmente, si el gobierno logra acceder al directorio de las compañías, tendrá acceso a información estratégica de las mismas. Yendo a una situación extrema, esto le permitiría hacer “espionaje” dentro de las compañías para identificar estrategias no deseadas por el gobierno. Esto lo menciono recordando aquellos meses (no muy lejanos), en los que el gobierno deseoso por controlar los precios, había intentado obtener información sobre la estructura de costos de ciertas empresas con el objeto de identificar si las mismas estaban aplicando un margen excesivo.

Creo que la influencia del gobierno en las empresas a las que pudo acceder mediante la estatización del sistema de AFJP, es negativo para las mismas a la hora de buscar atraer capitales para financiar sus inversiones. Las perspectivas de evolución en el valor de sus acciones también serán afectadas. Estas empresas pierden atractivo ante la amenaza que representa para su crecimiento, la presencia de un Estado miope.

Quizás también, la decisión del gobierno argentino de hacer valer sus tenencias accionarias y buscar ingresar a los directorios de las compañías, pueda afectar al volumen de Inversión Extranjera Directa (IED) que se dirige hacia la Argentina (que por cierto, es muy baja en relación a otros países de la región). Esta posibilidad es concreta considerando que el inversor extranjero puede sentir el temor que de Argentina esté imitando a Chávez y esté siguiendo una estrategia estatizadora similar.

Más allá de las especulaciones sobre las posibles consecuencias del ingreso del Estado argentino en los directorios de varias empresas, la Anses recibió de las AFJP acciones de 40 compañías y en 10 de ellas posee más del 20% del capital accionario. El gobierno ya ha nombrado sus representantes tanto en Gas Cuyana como en Gas Natural (MERV: GBAN), Transportadora de Gas del Sur (MERV:TGSU2, NYSE:TGS) y Endesa Costanera (MERV:ELE). No conforme con ello, el gobierno sigue con esta estrategia y el siguiente objetivo era ayer, Siderar (MERV:ERAR).

En la empresa siderúrgica Siderar del grupo Techint, el gobierno argentino alcanzaría una participación del 25,97% del capital accionario. La compañía quiere evitar que el gobierno argentino pueda hacer uso del voto acumulativo (el cual no podía ser ejercido por las AFJP entre ellas) para nombrar un representante dentro del directorio de la compañía.

Si bien esta situación está provocando resistencias en varias de las empresas, no todas ven con malos ojos darle a un representante del gobierno uno de los sillones del directorio. Tal es el caso de la empresa Consultatio, compañía dedicada a actividades financieras e inmobiliaria y principal accionista de Nordelta (el primer complejo urbano construido en Argentina bajo el concepto de “ciudad pueblo”). Es que tener al gobierno como socio de los negocios puede resultar más que beneficioso. Claro que este no es el caso de la mayoría de las compañías.

La estatización de las AFJP le ha dado al gobierno argentino no solamente fondos frescos para enfrentar este contexto internacional adverso, sino también la posibilidad de formar parte de la toma de decisiones en compañías que considera estratégicas. Como todas las decisiones que ha estado tomando el gobierno argentino, es cierto que ello le representará beneficios a corto plazo, pero también es cierto que implica grandes costos difíciles de reparar.