Cuando aún se discutía el paquete de medidas anunciadas por el gobierno unos días atrás (algunas de las cuales ya han quedado sin efecto mientras que con otras se sigue trabajando para lograr su aprobación), la presidente Cristina Fernández de Kirchner, anunció un nuevo plan de estímulo económico por un valor de $ 13.200 millones.

Las nuevas medidas anunciadas por el gobierno argentino tienen como objetivo apuntar tanto a la demanda como a la oferta. En la demanda, el objetivo principal es el consumo de las familias el cual se ha visto significativamente afectado tanto por la crisis financiera internacional como por las turbulencias de origen interno. Por el lado de la oferta, el apoyo al sector exportador es considerado clave para sostener uno de los pilares del gobierno como lo es el superávit externo.

Un elemento positivo (a medias): El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha reconocido que la economía argentina se encuentra en problemas, pero lamentablemente continúa sin hacer el sinceramiento que el mercado espera. Es que si bien, el gobierno reconoce problemas en la economía, no asume su responsabilidad en la situación, haciendo que el único factor explicativo del contexto económico actual en Argentina, sea el elemento externo. Eso por lo menos es lo que ha declarado la presidente que al iniciar el anuncio del nuevo plan decía las siguientes palabras: “Esta es una reunión que no me hubiera gustado tener que hacer (…) Esta vez la crisis no la producimos los argentinos y tal vez vamos a tener que sufrir una parte de esa tragedia”.

Esta negación de responsabilidades sobre la situación actual, si bien puede parecer un tema menor, no lo es y puede jugar un rol significativo en la eficacia del plan.

Pero volviendo al anuncio, el paquete de medidas por $ 13.200 millones, para dar una idea de la magnitud del mismo hay que decir que dicho valor representa alrededor del 1,2% del Producto Bruto Interno (PBI) argentino.

Sobre la asignación de dicho dinero, el gobierno anunció lo siguiente: $ 3.100 millones serán destinados al sector automotriz con el que se espera financiar la compra de 100.000 vehículos. El sector había registrado en el mes de noviembre una caída mensual del 26,4% e interanual del 28,1%, producto del impacto de las turbulencias.

Siguiendo con la distribución del paquete de estímulo, otros $ 3.500 millones se utilizarán para otorgar créditos al consumo con una clara orientación al sector de electrodomésticos, $ 1.250 millones de pesos tendrán como objetivo el apoyo al sector industrial para la prefinanciación de exportaciones y otros $ 3.000 millones a apoyar a las Pymes.

De lo restante, $ 650 millones tendrán como destino el financiamiento de la adquisición de utilitarios y $ 1.700 orientados a la prefinanciación de exportaciones en el sector agropecuario. Para el sector agropecuario, además se anunció la reducción en 5 puntos porcentuales en las retenciones a las exportaciones de trigo y maíz.

Desde el sector agrícola, se mostró insatisfacción por las medidas para el sector. Es que para el presidente de Federación Agraria (FAA), Eduardo Buzzi, en declaraciones reproducidas por “El Cronista”, dicha medida “no resuelven para nada los graves problemas de los productores”. Mucho más duro fue el representante de la Sociedad Rural (SRA), Hugo Biolcati, que decía: “Son anuncios para llenar la tapa de los diarios. Al productor no le cambia la vida, porque lo que el está esperando no es una reducción sino una eliminación total de los derechos de exportación”.

Más allá de haber sido recibido de buena manera por los principales sectores beneficiados, las polémicas sobre el anuncio del plan no se han agotado en los dichos de los dirigentes del campo. También existe polémica acerca del origen de los fondos para financiar dicho plan.

En una nota escrita para el diario argentino “La Nación”, Fernando Laborda criticaba la utilización de parte de los fondos obtenidos de la estatización de las AFJP ya que ello compromete el ahorro de los futuros jubilados. En un artículo más que interesante, decía: “Las autoridades nacionales esgrimieron que la estatización del sistema jubilatorio se propició para “proteger a los futuros jubilados”. Si los depósitos a plazo fijo constituidos con fondos administrados por las AFJP fuesen renovados hoy por un período de un año, obtendrían una tasa de interés cercana al 25%. Sin embargo, las autoridades nacionales han dado a entender que utilizarán esos fondos para préstamos al sector productivo a un año de plazo a una tasa que ronde sólo el 11%. ¿Será esa la manera de “proteger” los ahorros del sistema previsional?”

Más allá de las críticas y eventuales elogios que recibiera el plan, la pregunta que importa responder, dado el objetivo del mismo es: ¿Será efectivo el nuevo plan anticrisis?

Desde su anuncio, varios analistas han criticado la insuficiencia del plan en cuanto a su magnitud, más allá de la distribución del mismo. La realidad indica que el país se encuentra limitado como para poder implementar un tamaño de mayor magnitud, por lo que la clave pasará por la “eficacia del tiro” que se están jugando.

Y aquí es donde nuevamente vuelve el tema que les mencionara acerca de la negación sistemática del gobierno de su responsabilidad en la situación de la economía argentina. Esta negación no hace otra cosa que producir incertidumbre ya que el gobierno, al no reconocer errores en su gestión está dando a entender que probablemente vuelva a cometer los mismos errores o más graves por mantener su postura.

Con dicha actitud, al mantener la incertidumbre en el contexto económico, hace que las familias no deseen consumir y prefieran ahorrar para estar preparadas ante un posible agravamiento de la situación.

Es muy difícil pensar que la familia promedio argentina piense en estos momentos en endeudarse para adquirir un 0km, cuando la economía se ha desacelerado, el desempleo se incrementa, y el contexto económico muestra signos de desconcierto. También es difícil pensar que una empresa (una pyme por ejemplo), se decida a invertir por más baja que fuera la tasa, cuando las perspectivas sobre la evolución de su actividad son negativas (y si fueran positivas, la incertidumbre de la rentabilidad esperada producto de la fragilidad de las reglas de juego, hacen que el retorno requerido para decidir invertir sea demasiado elevado).

La percepción que existe es que la prioridad del gobierno debería pasar por fortalecer el escenario macroeconómico, buscando generar estabilidad y transparencia para de ese modo, dándole seguridad al sector privado, el plan de estímulo económico pueda ganar en eficacia.

Paralelamente, y en lo que parece ser una medida adicional, si bien no declarada, mientras el plan comienza a tomar forma en lo que se refiere a la “letra chica”, la cotización del dólar en Argentina continúa en ascenso y ya se ubica en $ 3,46.

La depreciación del peso argentino era una medida ampliamente reclamada por el sector industrial argentino, ante del deterioro observado por el tipo de cambio real en el último tiempo producto de la aceleración inflacionaria que había llegado a superar el 30% interanual (aunque en los últimos meses se desacelerara fuertemente por la caída en las presiones inflacionarias externas y la fuerte retracción de la demanda local).

En este contexto, la depreciación del peso argentino, protege (al menos en parte), al sector transable local de la competencia externa (incrementada por la crisis), aunque probablemente no genere un impacto significativo en las exportaciones dado lo deprimido de la demanda externa. La debilidad tanto de la demanda externa como interna, da tranquilidad de que la depreciación observada en el tipo de cambio no se vea trasladada a precios.

El gobierno argentino sigue probando diferentes fórmulas para evitar el deterioro económico, el cual se ha iniciado hace ya varios meses y no como consecuencia de la crisis internacional. ¿Cuánto tardará en reconocer sus propios errores y hacerle frente a los verdaderos problemas de la economía argentina?